Soldado busca frenar deportación de su esposa; fue detenida en base militar
NUEVA ORLEANS (AP) — Un sargento primero del Ejército de Estados Unidos intenta evitar la deportación de su esposa después de que fue detenida dentro de una base militar en Luisiana, donde planeaban vivir juntos pocos días después de su boda.
El intento de expulsar a la esposa del soldado, nacida en Honduras y que el lunes estaba recluida en un centro federal de detención migratoria, ha provocado críticas de defensores de familias militares, quienes calificaron la detención como desmoralizadora en tiempos de guerra y advirtieron que deportar a cónyuges podría socavar el reclutamiento.
El sargento primero Matthew Blank contó que llevó a su esposa, Annie Ramos, de 22 años, a su base en Fort Polk, Luisiana, el jueves pasado para que pudiera iniciar el proceso para recibir prestaciones militares y dar pasos hacia la obtención de la residencia permanente. La pareja se casó en marzo.
Agentes federales de inmigración detuvieron a Ramos como parte de las deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump, el cual, según expertos legales, ha dejado de lado la práctica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de mostrar indulgencia hacia las familias de miembros de las fuerzas armadas.
“Nunca imaginé que intentar hacer lo correcto llevaría a que me la arrebataran”, comentó Blank, de 23 años, en un comunicado a The Associated Press. “Lo que se suponía que sería la semana más feliz de nuestras vidas se ha convertido en una de las más difíciles”.
La detención de Ramos fue reportada en primera instancia por The New York Times.
Ramos ingresó a Estados Unidos en 2005, cuando tenía menos de 2 años. Ese mismo año, su familia no se presentó a una audiencia de inmigración, lo que llevó a un juez a emitir una orden final de expulsión, según el DHS.
“Ella no tiene estatus legal para estar en este país”, indicó el DHS en una declaración enviada por correo electrónico. “Este gobierno no va a ignorar el Estado de derecho”.
En 2020, Ramos solicitó inscribirse en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocido como DACA, pero su esposo afirma que su solicitud ha permanecido “en el limbo” en medio de disputas legales para poner fin al programa.
En abril del año pasado, el DHS eliminó una política de 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar inmediato como un “factor atenuante significativo” al decidir si se debían o no emprender acciones de control migratorio. La nueva política del gobierno establece que “el servicio militar por sí solo no exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos”.
Antes de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump, el DHS por lo general permitía que los cónyuges de militares en servicio activo obtuvieran estatus legal mediante políticas como el permiso de permanencia en el país y la acción diferida, que los reclutadores militares promueven, según Margaret Stock, experta en derecho migratorio militar.
El caso de Ramos habría sido fácil de resolver en el pasado, señaló Stock, pero ahora el DHS parece estar enfocándose en detener a integrantes de familias militares cada vez que surge la oportunidad, incluso cuando intentan solicitar estatus legal, como Ramos.
“No tiene ningún sentido: ¿los van a arrestar por cumplir la ley? Eso es estúpido”, indicó Stock. “Es malo para la moral, altera la preparación de los soldados”.
En septiembre, más de 60 miembros del Congreso escribieron al DHS y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para advertir que los arrestos de familiares de personal militar y de veteranos estaban “traicionando sus promesas a los militares que desempeñan un papel clave en la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos”.
El Pentágono declinó hacer comentarios.
Lydiah Owiti-Otienoh, quien dirige un grupo activista llamado Foreign-Born Military Spouse Network, dijo que ha visto un aumento de casos en los que la vida de familias militares se ha visto trastocada por el endurecimiento de las restricciones migratorias. Considera que el gobierno federal está socavando sus propios intereses al intentar deportar a cónyuges de militares.
“Simplemente envía un mensaje realmente malo: no nos importas tú, ni tus cónyuges, ni nada de lo que estás haciendo”, comentó Owiti-Otienoh. “Si las familias militares no son estables, la seguridad nacional no es estable”.
La madre de Blank, Jen Rickling, dijo a la AP en una declaración que su nuera, quien es maestra de escuela dominical y estudiante de bioquímica, había sido todo lo que ella esperaba: alguien que “ama a mi hijo con todo su corazón”.
“La adoramos”, expresó Rickling. “Creo en este país. Y creo que podemos hacerlo mejor que esto: por Annie, por otras familias militares y por los valores que apreciamos”.
Blank dice que había estado ansioso por empezar a construir una vida con Ramos en la base mientras servía a su país.
“Quiero a mi esposa en casa”, declaró Blank. “Y no dejaré de luchar hasta que vuelva a donde pertenece, a mi lado”.
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